Municipalidad entregó todas las documentaciones solicitadas por la Contraloría y la Fiscalía en el marco de las investigaciones sobre los gastos en pandemia

La Municipalidad de Asunción ha proveído todas las documentaciones requeridas, tanto por la Contraloría General de la República como por la Fiscalía General del Estado, en torno a las investigaciones sobre los gastos realizados en tiempos de pandemia.

Esto fue informado en conferencia de prensa realizada en la tarde de este miércoles 27 de octubre, en la cual participaron el director de Asuntos Jurídicos, Benito Torres y la directora general de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Comuna Capitalina, Nidia López.

El doctor Benito Torres recordó que la institución municipal había solicitado la Auditoría Especial de la Contraloría General de la República, a los efectos de que la documentación que obra y todas las compras realizadas en su momento, sean auditadas por esta instancia, que es el único órgano constitucional que debe verificar los gastos, adquisiciones y todo lo referente a la cuestión financiera del Estado y las Municipalidades.

Aclaró que, en ese sentido y en su oportunidad, dentro del plazo que estableció la Contraloría de cinco días, se presentó parcialmente la documentación requerida por la institución, como así también la contestación de los puntos referidos.

“Y en ese contexto se había solicitado una prórroga de 20 días, lo cual la Contraloría nos otorgó 10 días y que  expiraba el día viernes, hasta las 3 de la tarde, que es la hora en que se cierra la Contraloría”, detalló.

Destacó que mediante el trabajo tesonero de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGRRD), que trabajó sin descanso para poder cumplir en tiempo y forma, antes del plazo ya se arrimó toda la documentación y todo lo que ha solicitado la Contraloría, iniciándose con ello el proceso de auditoría.

“Como bien sabemos, el proceso de auditoría tiene su reglamento y se establece claramente cuál es el procedimiento a seguir.  En este momento toda la documentación y todo lo requerido por la institución queda en manos de la Contraloría, a los efectos de auditar y, si existiere algún tipo de observación, debe correrle nuevamente traslado a la Municipalidad de Asunción para que le conteste y, posteriormente, la Contraloría llegará a la conclusión que corresponda, con lo cual quedará dirimido el juzgamiento de todo ese proceso”, aseveró.

Con relación al tema de la investigación abierta en el Ministerio Público, señaló que aparentemente hubo cierta desinformación o comunicación insuficiente, entre el Ministerio Público y los medios.

“Sin entrar a polemizar sobre el particular, quiero reseñar que en el Ministerio Público hubo una denuncia.  Sin entrar a calificar la denuncia, la Fiscalía General, en fecha 8 de octubre, designa los fiscales.  Nosotros desde un primer momento dijimos, públicamente, que estábamos a disposición de ella y el Ministerio Público procedió, como corresponde en este tipo de situaciones, a solicitar toda la documentación que consideran pertinente para la investigación de referencia”, mencionó.

En ese sentido puntualizó que en fecha 13 de octubre, por oficio 1122 del 2021, llega el primer requerimiento fiscal a la Municipalidad, que tiene ingreso el día 14, por el cual otorgaron 72 horas para acompañar toda la documentación que ellos consideran pertinente.

“Posteriormente, en fecha 24 de octubre, solicita una ampliación de esos informes, que también fueron todos puestos a disposición del órgano o del representante de la sociedad, que es el Ministerio Público, a sus efectos.  Toda la documentación fue debidamente autenticada por escribano público, de forma tal a que tenga certeza y sea considerada como instrumento público.  Optamos por esta vía justamente para desmeritar cualquier tipo de suspicacia y por eso no hemos recurrido a que el mismo proceso de autenticación sea realizado por funcionarios de la institución”, explicó.

Resaltó entonces que, con lo realizado hasta la fecha, se ha cumplido con ambas instituciones, que son los encargados de realizar la investigación pertinente y en donde se van a dirimir estas cuestiones. ·

“Esperamos que sea con la mayor objetividad posible, lo cual, haciendo una autocrítica, tanto nuestra como a las demás, queremos que se le dé el mismo tratamiento.  Que todo sea relacionado y redactado de acuerdo con ese principio, que es el principio de objetividad”, enfatizó.

Sobre el requerimiento de ciertos medios de comunicación, en el sentido de por qué no existe, hasta la fecha, una imputación, indicó que es porque se está en el proceso investigativo y de evaluación de las documentaciones arrimadas.

“Jurídicamente hablando, y pasada la efervescencia electoral, en todo proceso, y en especial cuando estamos hablando de este tipo de investigaciones, es necesaria e ineludible la conclusión de la Contraloría General de la República, en donde no solamente se auditan los documentos sino también se determina la responsabilidad de cada funcionario.  No hay que perder de vista lo que es la responsabilidad personal de cada funcionario, que es de rango constitucional.  La Constitución establece claramente que los funcionarios son personalmente responsables por sus actos.  Y estamos en ese estadio.  Jurídicamente hablando, en este momento no existen imputaciones y no pueden haber imputaciones, por la sencilla razón de que se deben agotar las vías pertinentes.  Y no se puede hablar de que existe algún tipo de dilación en ningún orden porque el procedimiento de la auditoría de Contraloría está reglada.  Como así también el Ministerio Público tiene el procedimiento investigativo y para ello tiene los resortes, llámese el análisis financiero o lo que tengan que realizar, con respecto a toda la documentación puesta a consideración de cada uno de ellos”, resaltó.

Consultado sobre las empresas que proveyeron insumos en el marco de la pandemia, aseguró que todas las que fueron adjudicadas son proveedoras del Estado y que están legalmente habilitadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

“Cuando se contrató con estas empresas reunían todos los requisitos, como así también para el pago.  No es que se hizo alegremente, se cumplió de acuerdo a lo que establecen las normas que regulan la materia.  Además la Fiscalía no solamente nos están investigando a nosotros sino también a las empresas”, aclaró.

Directora General de la DGRRD aseguró que todo se realizó cumpliendo con lo establecido

Nidia López, quien fue víctima del Covid y llegó a estar 45 días en terapia intensiva, intubada, mencionó que varios funcionarios municipales fallecieron víctimas de esta enfermedad.

Destacó que muchos funcionarios se arriesgaron ingresando a hospitales públicos para realizar las tareas de desinfección, cuando la pandemia estaba en su estado más peligroso y ni vacunas había todavía.

Manifestó que aparte de los trabajos de desinfección que se realizaron, desde el primer momento de declarada la emergencia por la pandemia, en varios hospitales públicos y que se siguen realizando, también se efectuaron este tipo de tareas en espacios públicos como calles, paradas de colectivos, cajeros automáticos y otros.

Especificó que en el INERAM se realizaron tareas de limpieza y desinfección desde diciembre del año pasado, que también incluía el área donde se albergaban los familiares de los pacientes internados por Covid.

“Además limpiamos y equipamos con camas, colchones y proveímos alimentos en los albergues que se montaron en un momento, para hospedar a las personas que venían del exterior y estaban obligadas a hacer cuarentena, como el Club Olimpia, por ejemplo.  Y nosotros estamos convencidos, como Municipalidad, y como Administración Municipal en ese momento de Óscar Rodríguez, que hicimos lo mejor y  dentro del marco legal y administrativo”, concluyó.