MUNICIPALIDAD CUMPLE CON TODAS LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Municipalidad de Asunción colabora con la Contraloría General de la República y con la Fiscalía, acercando todos los documentos solicitados por el Ministerio Publico, para esclarecer los hechos denunciados en relación a los gastos realizados durante la pandemia.

El director de Asuntos Jurídicos, doctor Benito Torres, informó que la Comuna vio con buenos ojos los informes emitidos por la Contraloría General de la República, a instancia de la Administración Municipal, para la realización de una auditoria documental sobre los gastos realizados durante la pandemia, específicamente del ejercicio fiscal del 2020.

“Como es de público conocimiento, la Contraloría ha expuesto, independientemente que estemos o no de acuerdo con su dictamen, y la Administración ha optado por dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas  en el informe. Si bien es cierto son alusiones  a algunas cuestiones meramente administrativas y formales”, aseguró.

No existen daños patrimoniales

Destacó que en el informe no se desprende que haya existido algún tipo de sobrefacturación o daño patrimonial para la entidad, sino más bien se ha atacado el modo de contratación de algunas cuestiones que, a criterio de la Contraloría, se tuvo que haber tomado en cuenta, sin considerar la naturaleza jurídica de este tipo de situaciones que es el caso de emergencia.

Puntualizó que dicha situación no solamente está contemplada por ley sino por ordenanzas municipales  y, en ese contexto, se han realizado todas las ejecuciones del ejercicio 2020.

“Ahora bien, con relación  a las recomendaciones, la Intendencia Municipal, por Resolución 813, reglamentó la Ordenanza 608/15, que se refiere a la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGRRD)”, acotó.

Aseguró que allí se busca levantar los estándares de transparencia con respecto a posteriores adquisiciones, dentro de ese marco, y manteniendo la naturaleza jurídica.

“Esta situación se comunicó ya a la Contraloría y a la Junta Municipal para su estudio, análisis y recomendaciones, si así lo considere pertinente”, afirmó.

Agregó que también se ha dado cumplimiento a lo que han solicitado, en cuanto a la instrucción sumarial para determinar responsabilidades en las eventuales situaciones que ha generado este informe, a lo cual aseguró ya se ha dado cumplimiento.

“De toda esta situación planteada ya está en conocimiento el Ministerio Publico, nosotros lo hemos puesto a consideración de esa institución”, remarcó.

Señaló además que nunca hubo ningún tipo de retraso y que siempre se actuó institucionalmente ya que, ante la menor duda, la Comuna solicitó la intervención de la Contraloría General de la República y, con la primera investigación del Ministerio Publico, se ha puesto en consideración y elevado todas las documentaciones requeridas por la Fiscalía y por el ente contralor.

“Nunca pusimos obstáculos a esta situación, es decir, los que pretenden instalar que nosotros tenemos ánimo de entorpecer, están totalmente equivocados.  Esto lo digo a título personal.  Es más, yo no estoy de acuerdo con muchas de las resoluciones que tomó la Contraloría General de la República pero, aun así, para evitar controvertir cualquier situación, estamos cumpliendo con las recomendaciones  que ellos están solicitando”, reafirmó.

Desde la Municipalidad jamás ha existido ninguna intención de trabar ningún tipo de investigación

El doctor Benito Torres cree que, jurídicamente, se cumplirá con las recomendaciones de la Contraloría con respecto a su pedido, ya que no existe ningún hecho punible qué investigar, porque el elemento dominante es la sobrefacturación y un eventual daño patrimonial.

Reiteró que en el informe no se desprende que exista daño, por lo tanto no existe ninguna situación que amerite la investigación, tal como se pretende instalar.

“Eso es lo que jurídicamente corresponde, ahora lo que se instiga a que se realice ya es otra cuestión.  Cuando se dice que la Fiscalía no ha hecho nada, no es cierto, se presentó una denuncia, se designó un fiscal actuante, se puso a conocimiento de la Municipalidad y ésta ha elevado cada uno de los puntos que la Fiscalía ha solicitado”, enfatizó.

Recalcó que jurídicamente, desde la órbita de algún tipo de acción penal pública, no existe ningún delito.

“El resto son cuestiones administrativas y observaciones que deben ser ajustadas”, apuntó.

Aclaró además que se niega a hablar de cuestiones que no sean jurídicas.

En ese sentido, mencionó que llaman poderosamente la atención algunas cuestiones subjetivas o de apreciación en el informe.

“Personalmente y no institucionalmente, pienso que existen también determinadas cuestiones totalmente exógenas, que escapan a la cuestión jurídica, caso contrario no se entiende por qué no se deja que las instituciones funcionen, porque cuando se hacen las críticas se hacen de manera selectiva.  Eso es lo que lastimosamente yo no comparto”, concluyó.