Se ratifica postura institucional en defensa del Estado de Derecho ante pedido de intervención municipal de la Contraloría General de la República
En cumplimiento de las instrucciones precisas del intendente municipal, Óscar Rodríguez, el jefe del Departamento de Acciones Judiciales de la Municipalidad de Asunción, doctor Juan José Armoa, presentó, formalmente, al mediodía de este lunes 19 de mayo, el descargo institucional ante el Ministerio del Interior, en el marco del pedido de intervención de la Municipalidad de Asunción, formulado por la Contraloría General de la República, por supuestas irregularidades administrativas detectadas.
El doctor Juan José Armoa dejó en claro que la Municipalidad de Asunción reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia administrativa y la plena colaboración con todos los órganos de control del Estado, pero rechaza, categóricamente, el pedido de intervención, al considerar que carece de sustento jurídico y que vulnera principios fundamentales del Estado Social de Derecho.
Postura institucional y fundamentos jurídicos
El representante legal del Municipio sostuvo que el pedido de intervención, realizado por la Contraloría, carece de legitimación activa, de acuerdo con lo que establece el artículo 317° de la Ley Orgánica Municipal, que regula el procedimiento de intervención para municipalidades y gobernaciones.
Esta norma establece, claramente, que solo pueden iniciar un proceso de intervención: la Junta Municipal, el Poder Ejecutivo o en casos excepcionales, por acefalía del Ejecutivo municipal, con el dictamen previo de la Contraloría.
No obstante, la Contraloría General no se encuentra habilitada para iniciar, directamente, un pedido de intervención por sí sola, sino únicamente emitir informes de carácter administrativo, para conocimiento de los órganos competentes.
Colaboración constante con la Contraloría y el Ministerio Público
El abogado Armoa resaltó que la Municipalidad de Asunción ha mantenido una política activa de colaboración con la Contraloría General de la República, remitiendo también más de 100 tomos de documentos al Ministerio Público, en el marco de las investigaciones relacionadas con los bonos G8 y G9.
En este sentido, agregó que respondió, en tiempo y forma, un extenso cuestionario enviado por el órgano contralor.
Aclaró que los documentos que la Contraloría no recibió directamente, obran en poder del Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía de Delitos Económicos, como parte de las causas penales en curso. “Esta situación reafirma el compromiso de la institución municipal con la rendición de cuentas y el respeto de los procedimientos legales vigentes”, enfatizó.
Competencia del Poder Judicial en la rendición de cuentas
De manera enfática, el doctor Armoa explicó que, conforme al artículo 30° del Código de Organización Judicial, el Tribunal de Cuentas – Segunda Sala, es el órgano competente para juzgar y analizar las rendiciones de cuentas de las instituciones públicas, incluidas las municipalidades.
“Actualmente, existe un juicio contencioso-administrativo en curso, promovido por la Municipalidad de Asunción, contra la resolución de la Contraloría que atribuye hechos supuestamente irregulares, resolución cuya validez y efectos están siendo impugnados judicialmente”, explicó.
Además, indicó que los balances correspondientes a los ejercicios 2020 al 2023 fueron aprobados, oportunamente, por el pleno de la Junta Municipal, sin que hayan sido impugnados por la Contraloría en su debido momento.
“Tal aprobación genera un efecto preclusivo y convalida su legitimidad institucional”, aseguró.
Respeto al Estado de Derecho y separación de poderes
El funcionario municipal recalcó que el descargo presentado por el Municipio ante el Ministerio del Interior, no se trata de una acción política ni de una acusación personal contra funcionario alguno, sino de una postura institucional y jurídica en defensa de la autonomía municipal y de la vigencia del debido proceso legal.
“Nosotros confiamos en la Justicia. Confiamos en la independencia del Poder Judicial y en el respeto al Estado Social de Derecho. Esta presentación es una obligación institucional y una defensa jurídica fundada”, remarcó.
Subrayó también que existe una acción de inconstitucionalidad, planteada contra una ley sancionada en 2003, que pretendía restar competencia al Tribunal de Cuentas, y cuya inaplicabilidad para la Municipalidad de Asunción fue reconocida, fortaleciendo aún más la postura legal del Municipio.
Conducto legal del pedido de intervención
Respecto al procedimiento formal, Armoa recordó que la ley vigente, establece que el Ministerio del Interior actúa como canal receptor del pedido de intervención, y solo puede elevarlo al Congreso Nacional si proviene de los sujetos legitimados legalmente.
“En este caso, como la Contraloría no se encuentra entre esos sujetos habilitados, el pedido carecería de sustento normativo”, insistió.
No obstante, el representante jurídico afirmó que se respetarán plenamente las decisiones que, dentro de sus atribuciones, adopten tanto el Ejecutivo como el Congreso.
Conclusión: defensa firme y respeto institucional
Finalmente, el doctor Armoa insistió en que la Municipalidad de Asunción seguirá actuando con firmeza jurídica y respeto institucional, sometiéndose a todas las instancias competentes y aportando todos los elementos necesarios para demostrar la legalidad de su gestión.
“No se trata de eludir responsabilidades. Se trata de que cada órgano del Estado actúe dentro de sus competencias y que se respete el debido proceso. Esa es la base del Estado de Derecho y eso es lo que hoy venimos a defender con fundamentos jurídicos sólidos”, concluyó.
La Municipalidad de Asunción reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad, y el respeto a la institucionalidad democrática, en resguardo del buen funcionamiento de la administración pública municipal y del interés de la ciudadanía.
